Desde que en diciembre de 2006 saliera a la luz la conocida como Ley de Dependencia para paliar, en la medida de lo posible, los problemas diarios de cientos de miles de personas que necesitan vivir acompañados, o recibir atención específica debido a sus limitaciones, son muchas las trabas encontradas.

La primera y más importante apareció con la falta de financiación como consecuencia de la crisis, momento en el que muchos ciudadanos dependientes vieron como se esfumaba la posibilidad de recibir ayudas y servicios después de haber superado un largo proceso administrativo.

Sin embargo, y aunque en la actualidad la recuperación económica es un hecho, esta ley no acaba de afianzarse ni cumple con las mínimas garantías que en principio se plantearon. Asimismo, y en lo referente al gasto público directo en dependencia en 2018, la Administración General del Estado soportó el 20 % y las comunidades autónomas el 80 % restante, cifras que distan mucho de lo que marcó la ley de dependencia en sus inicios, que era del 50 % cada administración.

Fruto de esta realidad, y a tenor de estas cifras que alertan sobre la grave situación en la que quedan los dependientes en España, que rozan ya el 1,3 millones de personas, la CEOE ha presentado un informe sobre la Ley de Dependencia. Un documento que pone sobre la mesa las carencias del sistema, y que contiene importantes propuestas para que los partidos políticos puedan recogerlas en sus programas electorales de cara a los próximos comicios.

Potenciar la colaboración público-privada y homogeneizar el tipo de IVA aplicado a los trabajadores del sector, igualándolo al tipo superreducido, son tan solo algunas de las medidas que recoge el “Informe dependencia” que, además, propone un nuevo modelo de financiación que diferencie los costes reales de un centro residencial, actualizando y adecuando los costes medios de atención residencial, a los costes reales para el cálculo de la ayuda.

Los empresarios insisten en que la profesionalización de los trabajadores es algo fundamental para que funcione el sistema. Por ello, inciden en este aspecto junto con la regularización de la situación de los cuidadores no profesionales, es decir, de los familiares que se dedican a cuidar a las personas dependientes y que no cotizan a la Seguridad Social.

Otro de los planteamientos pasa por la coordinación sociosanitaria para llegar a una integración de los Servicios Sociales y Sanidad. Así, el informe defiende contemplar la historia sociosanitaria única, facilitando a todos los agentes la historia de salud y social del mayor, a través de la integración informática. Esta integración debe conllevar la necesaria unidad de criterios normativos a nivel nacional.

Por otra parte, abogan por la necesidad de hacer un "ejercicio real y responsable" del copago en función de la renta y el patrimonio de la persona atendida, además de no computar para el cálculo de la capacidad económica personal del beneficiario las rentas derivadas de los seguros privados de dependencia, ni como patrimonio, los derechos económicos en este tipo de seguros.

Desde la CEOE, se hace hincapié en que la Ley de Dependencia no llega a quienes la necesitan y se destaca que, de aquí a una década, en España habrá cerca de 6,4 millones de mayores de 80 años, de los cuales, se calcula que el 40% serán dependientes, algo que supone un problema en cuanto a la insostenibilidad de una ley que califican como “llena de deficiencias".

Y es que tal y como ha afirmado Cristina Contel, presidenta de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEOE que ha elaborado el informe, "la ley nació en 2006 llena de contenido y de optimismo, pero lamentablemente vacía de recursos". En este sentido y según el último informe del Observatorio de la Dependencia, en España murieron en 2018 más de 30.000 dependientes esperando recibir servicios que le habían sido reconocidos por ley. Si bien es verdad que la lista de espera se redujo el pasado año, también resulta escalofriante el dato que indica que, en la actualidad, siguen esperando más de 250.000 personas para recibir prestación o servicios a los que tienen derecho, de las que el 60 % viven en Cataluña y Andalucía.

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