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Mientras continuamos inmersos en un escenario de incertidumbre política, el funcionamiento pleno de la Ley de Dependencia sigue siendo una asignatura pendiente. La cuestión es que no podemos darle la espalda a un aspecto que nace con el objetivo de proporcionar bienestar a nuestro país, uno de los más longevos del mundo. Pero ¿conocemos bien las cifras actuales del ámbito de la dependencia en España?.

El primer dato que debemos de considerar es que cerca de 1,5 millones de españoles afirma tener dificultades de autonomía en su día a día, y la realidad es que, en la actualidad, contamos con una lista de espera de 258.000 dependientes, aguardando recibir prestaciones financiadas, en un 83,3 %, por las comunidades autónomas.

Por otra parte, el desembolso en dependencia en España es de 8.252 millones de euros, lo que representa el 0,7 % del PIB. Pero a tenor de las cifras la financiación es insuficiente. Y es que hay que tener en cuenta que en 2018 el gasto promedio por dependiente atendido se situó en poco más de 8.000 euros al año.

Según los expertos, para garantizar unos cuidados universales el Gobierno debiera de destinar un 2 % del PIB, o cuando menos acercarnos al 1,4 % de media de los países de la OCDE.

Pero, además, esta inversión no debe considerarse como un despilfarro, sino como un nuevo nicho de ocupación que, hoy en día, emplea a 540.000 personas.

En este sentido, y tal y como apunta Susana Roldán, profesora de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos y una de las tres autoras de un trabajo publicado por el Instituto de Estudios Fiscales que estima los costes e impactos de adoptar el modelo sueco de dependencia, “el sistema se basa en prestaciones de cuidados personales y estas son muy intensivas en mano de obra”, lo que conlleva la "previsible disminución en las prestaciones por desempleo, el aumento de las cuotas a la Seguridad Social y aumentos en la recaudación del IVA, IRPF e impuesto de sociedades".

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